Víctor Peña, jefe del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud O’Higgins, aseguró que las denuncias ciudadanas son prioridad y que, de comprobarse riesgos para la salud, se podrían aplicar multas millonarias e incluso la paralización de la faena.

En medio de la creciente preocupación de vecinos de San Luis de Pelequén por eventuales impactos ambientales y sanitarios, el jefe del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud O’Higgins, Víctor Peña, abordó la situación de la planta de tratamiento de residuos no peligrosos ubicada en el sector, enfatizando el rol fiscalizador del organismo frente a denuncias de la comunidad.

En entrevista con el programa Punto de Vista de Radio Santa Cruz Fm que conduce Rafael Vásquez, Peña fue enfático en señalar que cualquier reclamo ciudadano activa protocolos inmediatos de inspección. “Todas las denuncias que nos llegan son investigadas y, si existe un incumplimiento o riesgo sanitario, actuamos de inmediato conforme al Código Sanitario”, afirmó.

La autoridad explicó que, si bien la fiscalización ambiental directa corresponde a la Superintendencia del Medio Ambiente, la Seremi de Salud interviene cuando existen posibles afectaciones a la salud de las personas, especialmente en casos asociados a malos olores, proliferación de moscas o presencia de roedores, situaciones que podrían transformarse en focos de insalubridad.

En esa línea, Peña recalcó que la comunidad cumple un rol clave en el proceso de fiscalización. “Cualquier denuncia que haga la comunidad es prioridad para nosotros. Al otro día estamos fiscalizando en terreno”, sostuvo, agregando que estos antecedentes son además remitidos a la autoridad ambiental para eventuales sanciones.

Respecto a las obligaciones de la empresa, el jefe sanitario recordó que una de las principales exigencias es el manejo adecuado de los residuos. “Toda la materia orgánica que ingrese debe ser cubierta el mismo día. No puede quedar expuesta, porque eso genera vectores y problemas sanitarios”, precisó.

En cuanto a las sanciones, Peña detalló que estas pueden ir desde multas económicas hasta medidas más severas. “Se pueden aplicar multas que alcanzan cerca de 70 millones de pesos, pero también podemos decretar la prohibición de funcionamiento o incluso la clausura si existe un riesgo inminente para la salud”, advirtió.

Finalmente, la autoridad buscó entregar tranquilidad a los vecinos del sector, asegurando que la institución se mantendrá vigilante ante cualquier eventualidad. “Estamos trabajando para la comunidad. Si detectamos una situación grave, no dudaremos en tomar medidas drásticas”, concluyó.