La normativa que será remitida al Senado para su segundo trámite, incorpora medidas como revisión de mochilas, sanciones por la interrupción de clases y nuevos requisitos para acceder a la gratuidad.

Con la aprobación por mayoría de votos, la Sala de la Cámara despachó a segundo trámite el proyecto que “establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa” (boletín 18156).

La iniciativa impulsada por el actual gobierno como plan Escuelas Protegidas, está estructurado sobre la base de distintas medidas que apuntarían a enfrentar hechos de violencia cometidos al interior de establecimientos educacionales. Estas incluyen la revisión de mochilas, sanciones por la interrupción de clases y un nuevo requisito para acceder a la gratuidad, entre otras.

El texto se respaldó en general por 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones y luego se llevaron a cabo 27 votaciones referidas al articulado e indicaciones.

En el debate realizado en dos sesiones de Sala, se manifestaron diversas opiniones tanto a favor como en contra de las medidas propuestas.

A favor, se aseguró que el proyecto responde a un sentido de urgencia que no surge de la teoría, sino de las condiciones de inseguridad que enfrentan tantos los docentes como los estudiantes que son víctimas de la violencia. Se añadió que con este proyecto se busca garantizar el derecho de las familias de enviar con confianza a sus hijos al colegio. Además, se recalcó que el texto reestablece la autoridad de los docentes en el aula.

También se postuló que su aprobación es una señal de tolerancia cero y que no es autoritarismo, sino proteger a la mayoría silenciosa que sí ve la educación como una herramienta de futuro y movilidad social.

En materia de gratuidad, se defendió que la propuesta es una medida de justicia porque no se puede seguir normalizando la violencia.

Por el contrario, las y los diputados que rechazaron esta propuesta legal remarcaron que no incluye financiamiento y hace recaer en los profesionales de la educación responsabilidades para las cuales no están capacitados, sin promover mejoras en los métodos de enseñanza.

Se criticó que aborda un problema complejo de la sociedad desde una lógica policial, sin ir a las causas de la violencia sino solo a sus manifestaciones.

Durante el debate, además, presentaron diversas reservas de constitucionalidad por considerar que las normas aprobadas vulneran los derechos de NNA y principios como la igualdad ante la ley. En este caso, al aplicar una pena accesoria -no acceso a gratuidad- que sólo afectará a los estudiantes pobres. Al respecto, se planteó que esta medida no es una solución sino que extiende el castigo al cerrar la puerta del principal camino de reinserción social como es la educación.